Uno de los grandes obstáculos que impiden a la población tener un mayor acceso a los libros es el precio a que se venden los mismos. De ahí la necesidad de que sea aplicada en toda su extensión la Ley del Libro y Bibliotecas (502-08), la cual establece mecanismos de incentivos, como exenciones de impuestos a la exportación e importación de bienes a las empresas editoriales, librerías y autores dominicanos, lo cual redundaría en una disminución de los precios.
A juicio del colombiano Gonzalo Castellano Valenzuela, quien asesoró al Ministerio de Cultura en la creación de esta ley, promulgada hace casi dos años, los estamentos involucrados han sido muy pasivos al hacer que se reglamente y cumpla con la misma.
“Se debe hacer valer la ley 502-08, haciendo que se aplique y funcione en el orden regulatorio y financiero, de manera que los ciudadanos puedan tener mayor acceso a la lectura”, recomendó, al pronunciar la conferencia “Ley de Libros y Bibliotecas: naturaleza y proyecciones”, en el pabellón de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, de la Feria del Libro.
Para el director de la BNPHU, Diómedes Núñez Polanco, la Ley del Libro y Bibliotecas garantiza el libre desarrollo de los derechos de la personalidad, contenidos en la nueva Constitución, y un alto sentido de participación ciudadana en la política cultural.
Según esta ley, por un término de 5 años se debe destinar un 5% del presupuesto asignado a las obras públicas que contraten las entidades en 1,000 y 50,000 salarios mínimos mensuales, entre otras contribuciones para un Fondo Especial para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas (Fondolibro).
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